Reaparecen los “dueños de la Memoria”

2026-09-18T23:53:32+02:00

“410 personas y 131 organizaciones de Colombia y el mundo” dirigen una carta a un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtiendo el peligro que para la memoria de las víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica representa el nombramiento que el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hizo en cabeza del abogado y periodista D´Mar Córdoba, porque, según ellos es un negacionista del conflicto armado.

El Dr Córdoba no había pasado aún la puerta de entrada a las instalaciones cuando se inició la recolección de firmas que, teniendo en cuenta experiencias anteriores, significa el inicio de una campaña de difamación, mentiras y señalamientos tendientes a invalidar la autoridad del nombrado y las facultades del Presidente para cubrir ese cargo.

Estamos ante una copia exacta de la estrategia usada por quienes se consideran dueños de la memoria de las víctimas y que en 2019 cuando vetaron y sabotearon el nombramiento del historiador Pacheco y del politólogo Torrijos, se avanzaron luego contra quien estas notas escribe, con la diferencia que a mí no pudieron hacerme renunciar ni vencerme en tribunales, en medios con periodistas favorables a su bulla ni con la JEP encima.

Su método es antiguo y típico de fuerzas de extrema izquierda y extrema derecha, más concretamente de los estalinistas y fascistas que, como las fieras, atacan primero a la cabeza rodeándola de adjetivos descalificadores, señalamientos, estigmatizando su pensamiento e inventando “delitos” para equipararlos con los usados contra los nazis por el holocausto judío.

No dudo que detrás de esta infamia con la que abren fuego contra un profesional sin tacha alguna, están los mismos negacionistas de nuestra democracia que viven de ella, de los congresistas que llevan décadas persiguiendo a opositores en los estrados judiciales ante su incapacidad para encararlos política y filosóficamente.

Son las mismas organizaciones que firman sin saberse quienes las integran y dirigen, en qué fecha se reunieron, qué documentos discutieron, quién los presentó, etc. Porque lo importante es llenar las cuartillas con muchos nombres y con firmas de militantes de su propia tendencia opositores del sistema político vigente.

Pretenden que la CIDH anule el nombramiento del Dr Córdoba porque como ciudadano libre pensó el conflicto armado como a los denunciantes no les parecía correcto, que no es algo diferente a cercenar el derecho a la libre expresión y a la libre opinión. Es casi seguro que los jefes de este atropello, en los días siguientes, saquen a relucir otras sucias movidas para escalar su persecución.

Darío Acevedo Carmona, 28 de agosto de 2026, 11,7 mil, Visualizaciones en X.

Ex Director General del CNMH

Coda: Más de un contratista activo o inactivo del CNMH, de esos que extienden el origen del conflicto a épocas de Caín y Abel, que creen en la bondad eterna de quienes reclutaban menores de edad, violaban y los convertían en esclavos sexuales, de quienes secuestraban civiles para "financiar" su "guerra social comunista", que practicaban el aborto para mantener la disciplina revolucionaria, y cometían todo tipo de fechorías, como la de inmiscuirse en el narcotráfico, son los que escriben loas y admoniciones gratuitas e impúdicas en estas redes para lavarles la sangre de inocentes que derramaron sin piedad contra millones de colombianos de bien, que defienden a comandantes de las Farc, el Eln, el Epl, el M19 como luchadores merecedores, no de alguna condena o castigo sino de premios y distinciones.

31 agosto de 2026, 1.379 Visualizaciones

Niños y civiles escudos de grupos ilegales

2023-11-12T01:02:47+01:00

Desde la década anterior la sociedad colombiana ha visto escenas en las que grupos de pobladores, indígenas, campesinos y otros, rodean, acorralan, insultan, humillan, amenazan, hieren y hasta asesinan a soldados y policías que entran a territorios en cumplimiento de misiones oficiales.

No existe disposición legal que les impida hacer sus operativos, es todo lo contrario, las unidades tienen un mandato legal, es parte de sus funciones y no hacerlo puede derivar en sanciones. No hay territorio ni población ni puede haberla, vedada a operativos oficiales de los agentes del estado.

Pero, los cercamientos a los agentes oficiales se han convertido en algo común, incluso, ha habido casos en los que son robados en sus pertenencias, sus armas y amenazados con garrotes y armas cortopunzantes.

Tarde, pero, al fin de cuentas, más vale, existe la suficiente evidencia de la manipulación que grupos armados ilegales como guerrillas o bandas criminales ejercen sobre los pobladores para que hagan este tipo de asonadas so pena de ser castigados.

Esta percepción del problema explicaría su repetición en zonas altamente conflictivas o allí donde se llevan a cabo cultivos ilícitos y dichos grupos tienen intereses directos para su financiación y demás actividades de confrontación con la Fuerza Pública. Y es grave porque de tiempo atrás dichas guerrillas y grupos o bandas han buscado ser reconocidos como contrapartes del estado en el marco de un conflicto armado.

En medios académicos, políticos y en programas de opinión se alega a fondo para caracterizar la situación de violencia en el país como un conflicto armado. El estado, con fines de legitimar negociaciones con guerrillas ha aceptado tal calificación. Sin embargo, sectores afines o simpatizantes de esas guerrillas, históricamente, no han cesado de mostrar que dichas agrupaciones son encarnación de los intereses de la población y que son víctimas del estado, actitud que contradice, de hecho, la noción de conflicto armado que en términos del DIH, es definido como la confrontación entre dos partes armadas, con mando y cierto control de la población y sobre el territorio.

De acuerdo con las estipulaciones del DIH, una prohibición cuya violación conduce a un crimen de guerra es que se recluten menores de edad, y peor, que esos menores sean uniformados, reciban instrucción militar y sean puesto en primera línea en una confrontación con el enemigo. Sobre el tema abundan las evidencias de que tal proceder es un hábito de las guerrillas colombianas. Como lo viene siendo, también, la instrumentalización de población civil para rodear, inutilizar, vejar, secuestrar y expulsar a unidades de la Fuerza Pública.

Como quiera que esos hechos nada tienen que ver con la protesta social o con la lucha por reivindicaciones puntuales, sino con el hecho militar en sí, es decir, con la expulsión de soldados y policías de sus zonas y que ello favorece a esos grupos armados para obtener ventajas en sus acciones ilegales, es claro que al igual que ocurre con los menores instrumentalizados, que son convertidos en objetivo militar, ahí la responsabilidad o culpa no es del estado sino de esas agrupaciones armadas ilegales, pues son ellas las que forzan a menores y a civiles adultos a proceder agresivamente contra los agentes del estado y convertirlos en escudos para no ser atacados, ganar posiciones, asegurar ocupación y control de áreas e infraestructura, que, en casos de conflicto armado, pueden dar lugar a pensar que esas acciones manipuladas por las guerrillas sean vistas como actos de guerra.

Un soldado o policía, en zona de combates, donde se supone está presente el enemigo armado, puede verse obligado a defender su integridad y su arma, de la que depende su vida, como una amenaza o un ataque fraguado por las guerrillas.

Por fortuna, los agentes oficiales han aguantado con gran estoicismo hechos tan graves en vez de hacer uso de sus armas, lo cual habla muy bien del espíritu humanitario en el que se han formado. Pero, es muy alto el riesgo de que en alguna de esas situaciones se desencadene una tragedia, en cuyo caso, los colombianos no nos podemos equivocar en señalar a los culpables de lo que suceda que, no son otros que las guerrillas ya acostumbradas a escudar su accionar o su presencia entre los pobladores infiltrándose o disfrazando de indígenas y campesinos a guerrilleros.

Que quede claro pues, que es por disposiciones del derecho internacional humanitario que, reclutar, alistar y llevar a combates a menores de edad u obligar a civiles a que lo hagan, bajo amenazas, constituye un crimen de guerra de las guerrillas que ponen en peligro la vida e integridad de esos menores y civiles al conducirlas a encarar y agredir a miembros de la Fuerza Pública.

Ojalá tomen nota de estos delitos las oficinas de la ONU, la OEA, las misiones de Derechos Humanos y ONGs y exijan a quienes así están procediendo cesar en tales conductas criminales.

Darío Acevedo Carmona, 12 de noviembre de 2023

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